La responsabilidad penal de las personas jurídicas un año después de la entrada en vigor de la L.O. 1/2015 - Gremi Constructors Maquinaria
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas un año después de la entrada en vigor de la L.O. 1/2015

La responsabilidad penal de las personas jurídicas un año después de la entrada en vigor de la L.O. 1/2015

La responsabilidad penal de las personas jurídicas fue introducida en el ordenamiento español por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, si bien no fue hasta la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que se desarrolló esta materia. Tras un año de vigencia, han surgido ciertas cuestiones que no han encontrado una respuesta unánime.

Persona jurídica sancionada por hecho propio o por hecho ajeno: no está determinado de forma inequívoca si las personas jurídicas son sancionadas por un hecho propio (autorresponsabilidad) o por un hecho ajeno (heterorresponsablidad). Si bien la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado opina que el Legislador ha optado por este último criterio, de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo se desprende un debate interno: así, si bien las SSTS 154/2016, de 29 de febrero, y 221/2016, de 16 de marzo, apuntan hacia la autorresponsabilidad, la STS 516/2016, de 13 de junio indica claramente lo contrario. Sin embargo, todos los pronunciamientos en esta materia son obiter dicta, por lo que todavía no se ha sentado auténtica Jurisprudencia al respecto.

El Compliance Officer: Sobre esta cuestión no existen pronunciamientos del Tribunal Supremo, y la Circular de la Fiscalía se limita a indicar que deberá de participar en la elaboración de los Programas de Compliance y asegurar que funcionen de correctamente, estableciendo sistemas apropiados de vigilancia y control para asegurar que se incluyan los requisitos mínimos de contenido del artículo 31 bis .5 del Código Penal; de hecho, un ejercicio insuficiente de sus funciones impediría que se apreciase la exención. No obstante, ni esta Circular, ni la Jurisprudencia ni la Ley establecen el contenido concreto de las funciones de supervisión de esta figura ni tampoco el alcance de su responsabilidad penal personal. Téngase en cuenta que en algunos países (como, por ejemplo, Alemania o Estados Unidos) el Compliance Officer responde penalmente en caso de que se produzca un delito en el seno de la persona jurídica en la que ejerce sus funciones, estimando que su responsabilidad se fundamenta en la negligencia con la que ha actuado. Si bien el Código Penal no indica que el Compliance Officer tenga esta responsabilidad ni este papel de “garante”, la doctrina no se muestra unánime al respecto.

La pena: Si bien la condena siempre incluirá la pena de multa, los artículos que tipifican la responsabilidad penal de una persona jurídica por un delito concreto añaden la cláusula siguiente: “Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33”. No obstante, el artículo 66 bis del Código Penal sólo indica unas directrices mínimas que, en la práctica, la Sentencia de la Audiencia Nacional 51/2014, de 03 de noviembre y la STS 154/2016, de 29 de febrero (que resolvió un recurso de casación de la anterior) han demostrado que dejan un amplio margen de maniobra al organismo juzgador, sin que estén tasados los motivos por las que optar o no por una u otra pena.

El enjuiciamiento penal de las personas jurídicas: Si bien es cierto que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contiene varias disposiciones que se adaptan a las entidades, los juicios por los que se resolverán los asuntos en los que se las investigue serán siempre procedimientos abreviados u ordinarios, en función de las normas que rigen el uno y el otro para las personas físicas.

Para más información, se pueden encontrar los principales instrumentos interpretativos del artículo 31 bis del Código Penal en los siguientes enlaces:

Circular 1/2016, de la Fiscalía General del Estado

STS 154/2016, de 29 de febrero

STS 2242016, de 16 de marzo

STS 516/2016, de 13 de junio

 

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